Ciudad de Guatemala, 15 mar (Prensa Latina) Cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) acusados por supuesto fraude en la compra del sistema informático utilizado en los comicios pasados se encuentran hoy aquí ligados a proceso penal.
Los togados Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Rafael Rojas y Mynor Franco, quienes abandonaron el país el pasado diciembre, al regresar y presentarse voluntariamente ante un juzgado para aclarar la situación, recibieron una medida sustitutiva.
La jueza Karen Chinchilla, a cargo del caso, en la audiencia de primera declaración que duró cuatro horas, escuchó la imputación del Ministerio Público (MP), así como la defensa de los magistrados y decidió un arresto domiciliario.
Además, la obligación de que acudan al ente investigativo cada mes, prohibición de comunicarse con otros señalados y el pago de una fianza de 100 mil quetzales (cerca de 13 mil dólares).
En opinión de la jueza, el MP únicamente logró establecer la posible comisión del delito de fraude y descartó el abuso de autoridad y el incumplimiento de deberes.
Chinchilla desechó algún peligro de fuga ni de obstaculización de la averiguación de la verdad, por lo cual negó la petición de la Fiscalía para ordenar la prisión preventiva contra los cuatro funcionarios electorales.
El abogado César Calderón, quien defiende a los magistrados del TSE, consideró que se trata de un caso político, porque surgió por la denuncia de personas inconformes con los resultados comiciales.
Agregó que los propios partidos políticos pidieron un sistema para garantizar la transmisión de resultados preliminares y que si los magistrados no lo hubieran adquirido, estarían acusados de incumplimiento de deberes.
El MP, según trascendió, tendrá cinco meses para desarrollar la investigación, plazo durante el cual deberá recolectar los medios necesarios para la siguiente etapa, donde se decidirá si los cuatro enfrentarán o no un juicio.
La propia Fiscalía de esta nación confirmó a mediados de enero último la emisión por parte de un juzgado de órdenes de captura contra Palencia, Aguilera, Rojas y Franco.
El ente investigativo les atribuyó los cargos mucho después que el Congreso (unicameral) de la República otorgara el 30 de noviembre el retiro de la inmunidad a esos cuatro togados.
Mediante un comunicado desde fuera de país, Palencia consideró imprescindible trasladar la situación actual, principalmente respecto de la posición del TSE y el entramado político, polarización y extrema judicialización imperante.
Las acciones judiciales que el MP emprendió vinculadas al proceso electoral y la sugerencia de anular los sufragios por supuestas irregularidades conmocionaron a Guatemala y a la comunidad internacional.
Cuatro magistrados del TSE de Guatemala ligados a proceso penal
